Ciudad de México, 20 de febrero de 2024

Andrés Wainstein

La Política Online

En relación con la nota publicada hoy en el portal de noticias LaPolíticaOnline, firmada por el reportero Jesús Pérez Gaona, en la que se hacen señalamientos falsos sobre el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, es necesario hacer las siguientes aclaraciones:

Todos los contratos efectuados durante su gestión como Presidente del Tribunal Electoral fueron conocidos por la Contraloría Interna y la Comisión de Administración. Además, todas las contrataciones revisadas por la Auditoría Superior de la Federación han resultado sin observaciones.

Durante 2023, la Dirección General de Comunicación Social contrató la asesoría de un profesional para crear 13 programas sobre sentencias relevantes del Pleno de la Sala Superior, para garantizar el acceso a derechos político-electorales.

El contrato fue adjudicado siguiendo procesos establecidos y cumplió con todos los requisitos que establece la normativa. Fue respaldado por el Comité de Adquisiciones del TEPJF, grupo colegiado integrado por diversas áreas administrativas y la Contraloría Interna del Tribunal Electoral.

En ningún momento el TEPJF contrató al periodista mencionado; fue el productor ejecutivo quien lo designó para realizar entrevistas. Es falso que Daniel Tacher, quien fue Asesor en la Coordinación General de la Oficina de Presidencia, haya participado directa o indirectamente en ese o algún contrato hecho por el Tribunal Electoral.

Cabe señalar que como Presidente del Tribunal, el Magistrado no fue parte del Comité de Adquisiciones ni intervino en las contrataciones; son las áreas técnicas y administrativas, coordinadas por diversas magistraturas, las que integran sus programas e impulsan la adquisición de bienes y servicios diversos ante el Comité de Adquisiciones.

Con respecto al apoyo institucional a la creación del "Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral" (ANIE), en ningún momento éste consistió en la entrega de recursos o el ejercicio de dinero, sino que se propició la organización de eventos para sumar a autoridades electorales locales (tribunales e institutos electorales estatales) a la firma de ese acuerdo.

El Tribunal no intervino en la definición de qué organizaciones se sumaron al ANIE la convocatoria fue abierta y nunca incluyó criterios de afinidad partidista o posturas políticas para incluir o excluir a organización alguna.

En el presupuesto del año 2024, se asignaron 10 millones de pesos para un proyecto de observación electoral. El Magistrado sugirió que estos fondos fueran administrados por un organismo internacional, asegurando así una convocatoria abierta e independiente que permitiera la participación de diversas organizaciones en el proceso. Ahora, es responsabilidad de la nueva Presidencia dar a conocer cómo y en qué se ejercerán esos recursos.

Con respecto a un supuesto cabildeo para colocar a personas afines en las magistraturas de Salas Regionales, tal y como lo declaró en una entrevista reciente, el Magistrado Rodríguez rechazó ofertas de apoyo político para nombrar a magistrados regionales y, en contraste, se pronunció por nombrar a personas conforme a perfil y requisitos e hizo un llamado al Senado para concluir los nombramientos.

Por otra parte, es falso que el Magistrado utilizara de manera inapropiada los vehículos oficiales; al contrario, en su gestión se implementaron medidas para racionalizar su uso, como restringir el consumo de combustible, el número de TAGs para el pago de peaje y reducir el número de vehículos asignados a las magistraturas de 9 a 5. La restricción en el uso de vehículos fue una de las políticas que generó más disenso con sus pares, pero es una práctica a la que, desde que fue nombrado magistrado, se ha sujetado.

Con respecto a los servicios personales, todas las contrataciones se realizaron de conformidad con los procesos y normatividad vigente y respetando los requisitos de los perfiles de puesto. De hecho, el Magistrado impulsó la profesionalización de las áreas administrativas del Tribunal mediante la implementación del Servicio Civil de Carrera Administrativa.

Con respecto a la participación del Magistrado en comisiones internacionales, es importante informar que, por normatividad, todas las comisiones oficiales son conocidas y aprobadas por el pleno de la Sala Superior. Las comisiones en diversas ciudades de Estados Unidos tuvieron como propósito dar a conocer las sentencias del Tribunal Electoral, realizar convenios de colaboración, invitar a organizaciones migrantes a sumarse a la Red de Observación de Justicia Electoral, así como difundir los servicios de la Defensoría Pública Electoral, que en 2022 amplió sus servicios para atender a personas migrantes, mujeres en casos de paridad y violencia política de género, personas con discapacidad, entre otros. Es totalmente falso que dichas reuniones hayan sido coordinadas por las personas citadas, pues fueron organizadas por la propia Defensoría.

Por otro lado, la Red Global de Justicia Electoral es una instancia internacional presidida, desde 2022, por Indonesia. En el marco de este foro y por invitación de la Red, en 2022, los Magistrados José Luis Vargas y Reyes Rodríguez Mondragón y la Magistrada Mónica Soto Fregoso viajaron a Indonesia, con la autorización del pleno de la Sala Superior. Ésa fue la única ocasión en la que visitó dicho país. En 2023, ninguna magistratura de Sala Superior participó en la reunión anual de la Red, sino que asistieron otros funcionarios en representación del Tribunal.

Contrario a lo que se afirma en la nota, durante su presidencia el Magistrado impulsó reformas administrativas que permitieron un uso más eficiente y racional de los recursos públicos, como puede constatarse en los informes de labores que rindió durante su gestión. Como lo ha manifestado, estas reformas deben ser el punto de partida para seguir fortaleciendo las capacidades administrativas, la transparencia, la rendición de cuentas y la profesionalización del Tribunal.

En ejercicio del derecho de réplica, le solicito la publicación de estas aclaraciones.

Atentamente

José Luis Alcudia Goya

Secretario Técnico de Mando Superior

Ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón